¿Vivimos en un estado de derecho? – Malaprensa

Los que me siguen en Twitter sabrán que después de la entrada anterior he tenido unos cuantos debates sobre el asunto de la financiación pública de las JMJ. Ahora resulta que hay un nuevo dato, que no se conocía hasta ahora, que se añade a la lista de tratos de favor que reciben los peregrinos: la Comunidad de Madrid ha ordenado que a aquellos que reciban asistencia médica pública, y no tengan derecho a recibirla gratuitamente (o sea, que no sean ciudadanos UE), no se les cobren los precios ordinarios que se cargan a los extranjeros en esa situación. Es muy difícil calcular la cuantía de este regalito, que tal vez no sea muy voluminosa (la mayoría de los peregrinos son de la UE, y los demás en muchos casos tendrán un seguro médico para el viaje), pero es uno más a sumar a la lista (de la cual un buen resumen, con salvedades, lo tienen aquí).

[Actualización: parece que la Comunidad ha “aclarado” la circular de ayer, ante el revuelo organizado, con otra que dice que no se “facturará” al momento, sino que se tomarán los datos para recuperar los costes posteriormente de los países respectivos. Huele a chamusquina. Los textos de los dos emails los recoge también Elmundo.es. Juzguen ustedes mismos. La reflexión que sigue no se aplicaría ya a este caso, ya aparentemente “aclarado” pero sí a otros muchos, como por ejemplo, las “irregularidades” que con frecuencia encuentra el Tribunal de Cuentas y que nunca parece que den lugar a sancionar a nadie.]

La cosa es que este asunto me ha traído a la cabeza otro mucho más general que me viene con frecuencia a la mente ante muchos desmanes de los políticos, y es la duda sobre si nuestro derecho administrativo es tan infinitamente laxo, al describir cuáles son las competencias de la administración y sus fines, y las potestades de los altos cargos, como para que todo quepa, sin que haya nunca un recurso legal para parar los pies a los políticos, impedirles tomar decisiones arbitrarias (como parece ser esta última) o sancionarles cuando lo hacen.

En este caso, por ejemplo, ¿puede un director general ordenar, sin más, a sus subordinados, que a un determinado grupo no se les cobre una tasa o precio público, que está regulado? ¿No es nula esa orden? ¿No podría ser, incluso, delictiva?

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior (art. 428 del Código Penal, tráfico de influencias),

Esto parece que describe al alcalde que “ordena” (bajo cuerda) que la contrata del bar del hogar de jubilados municipal se la den a su cuñado. ¿Y por qué no incluye al que por escrito ordena dar un trato de favor, de tipo económico, a un determinado grupo de gente? ¿Hacerlo a cara descubierta elimina el delito? ¿O es que nuestro derecho está lleno de agujeros que permiten a las autoridades, siempre que lo consideran oportuno, hacer excepciones ad hoc para todas las normas que les obligan?

Este es sólo el caso más reciente, pero hay otros muchos. Por ejemplo, para que no piensen ustedes que vengo aquí a barrer para un lado: la actuación de quien puso a disposición del presidente del gobierno un avión oficial para ir a un acto de campaña electoral, entra, con bastante claridad, en la descripción del delito de malversación (art. 433):

La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

Y no, la excusa de la seguridad y el botón rojo no valen, porque en otras ocasiones otros presidentes de gobierno (y no sé si incluso el mismo) han hecho campañas electorales en aviones privados pagados por sus partidos.

Que cosas como estas pasen, y nadie se extrañe, ni haya en general más procedimientos legales por corrupción, da la impresión de que o bien nuestro derecho penal y administrativo son una mierda llena de agujeros colosales, o nuestro sistema judicial (incluyendo la fiscalía) los aplica de manera tan intermitente y/o arbitraria (por falta de medios o mal entendida presunción de legalidad de los actos de la administración) que en la práctica no vivimos realmente en un estado de derecho, sino que seguimos en el arbitrismo premoderno donde la ley es como si no existiera.

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